DESAFÍOS DEL MARCO JURÍDICO ECUATORIANO FRENTE AL ACOSO LABORAL EN CONTEXTOS DE PRECARIZACIÓN: DE LA LÓGICA SANCIONADORA A LA PREVENCIÓN INTEGRAL
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Abstract
Workplace violence and harassment constitute a significant concern in the Ecuadorian context, particularly in situations of labor precarization that limit access to effective protection mechanisms. This study aimed to assess the adequacy of the Ecuadorian legal framework in addressing workplace harassment, in light of ILO Convention No. 190 and Recommendation No. 206, as well as the comparative experiences of Colombia, Chile, and Spain. The research adopted a qualitative legal-dogmatic and comparative approach, based on the analysis of normative, jurisprudential, and international sources. The findings indicated that the Ecuadorian system remains predominantly reactive, relying on administrative mechanisms that result in the termination of the employment relationship, with no burden of proof flexibility, no protection against retaliation, and limited reparation. It is concluded that the Ecuadorian legal framework is insufficient to ensure effective protection, highlighting the need to move toward a comprehensive preventive model aligned with international standards.
Description
La violencia y el acoso laboral constituyen una problemática relevante en el contexto ecuatoriano, especialmente en escenarios de precarización que limitan el acceso a mecanismos efectivos de protección. Este estudio tuvo como objetivo analizar la suficiencia del marco jurídico ecuatoriano frente al acoso laboral, a la luz del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la experiencia comparada de Colombia, Chile y España. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de carácter jurídico-dogmático y comparado, a través del análisis de fuentes normativas, jurisprudenciales e internacionales. Los resultados evidenciaron que el sistema ecuatoriano presenta una estructura predominantemente reactiva, centrada en el trámite de visto bueno, con ausencia de alivio probatorio, falta de protección frente a represalias y limitación de la reparación a compensaciones económicas. Se concluye que el marco jurídico ecuatoriano resulta insuficiente para garantizar una tutela efectiva, siendo necesario avanzar hacia un modelo de prevención integral alineado con estándares internacionales.