IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN.
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Abstract
In a recent amendment to article 373 of the ecuadorian Code of civil procedure,
the existence of an arbitration agreement defense in execution proceedings such as the
mediation act, the pledge contract, the sale contracts with reservation of title, the
extrajudicial and judicially approved transaction, and the open or closed mortgage were
added as one of the defenses against the writ of execution. The problem arises at the
moment of determining who has the jurisdiction to resolve this defense, because when we
are in an execution proceeding, the ordinary civil judge has jurisdiction to resolve such
defense, nevertheless when dealing with an arbitration agreement, the ordinary judge can
only limit himself to determine if it exists or not, and if it does exist, he must inhibit
himself and refer the process to an arbitration court so that it may resolve it due to the
Kompetenz-Kompetenz principle. Once the process has been referred to an arbitral bench,
the judge must rule on the merits of the case, unnecessarily suspending the writ of
execution of a right that has already been previously recognized in the enforcement title,
disregarding the legal nature of the execution proceedings and violating the rights of the
parties, also without considering that the arbitrators do not have coercive powers and
therefore could not enforce the same, so it is suggested to make an amendment to the
COGEP removing this defense or granting coercive powers to the arbitral bench.
Description
En una reciente reforma realizada al artículo 373 del Código Orgánico General de
Procesos se añadió como causal de oposición al mandamiento de ejecución la excepción
de existencia de convenio arbitral respecto de ciertos títulos ejecutivos como el acta de
mediación, el contrato de prenda, los contratos de venta con reserva de dominio, la
transacción extrajudicial y aprobada judicialmente, y la hipoteca abierta o cerrada. La
problemática surge al momento de determinar quien posee la competencia para resolver
esta oposición, pues al encontrarnos en un proceso de ejecución, el juez ordinario es el
competente para resolver dicha oposición, sin embargo al tratarse de un convenio arbitral,
el juez ordinario únicamente puede limitarse a determinar si existe o no el mismo, y en
caso de existir, éste deberá inhibirse y derivar el proceso a un tribunal arbitral para que
este resuelva en razón del principio Kompetenz-Kompetenz. Una vez que el proceso ha
sido derivado a un tribunal arbitral, éste deberá pronunciarse respecto del fondo de la
controversia, suspendiendo de forma innecesaria la ejecución de un derecho que ya se
encuentra previamente reconocido en el título de ejecución, inobservando la naturaleza
jurídica del proceso de ejecución y vulnerando derechos de las partes, además de que los
árbitros no poseen facultades coercitivas y por consiguiente no podría ejecutar los
mismos, por lo que se sugiere realizar una reforma al COGEP dentro de la cual se retire
dicha causal o que en su defecto otorgarle facultades coercitivas a los tribunales arbitrales.
