IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN.

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Abstract

In a recent amendment to article 373 of the ecuadorian Code of civil procedure, the existence of an arbitration agreement defense in execution proceedings such as the mediation act, the pledge contract, the sale contracts with reservation of title, the extrajudicial and judicially approved transaction, and the open or closed mortgage were added as one of the defenses against the writ of execution. The problem arises at the moment of determining who has the jurisdiction to resolve this defense, because when we are in an execution proceeding, the ordinary civil judge has jurisdiction to resolve such defense, nevertheless when dealing with an arbitration agreement, the ordinary judge can only limit himself to determine if it exists or not, and if it does exist, he must inhibit himself and refer the process to an arbitration court so that it may resolve it due to the Kompetenz-Kompetenz principle. Once the process has been referred to an arbitral bench, the judge must rule on the merits of the case, unnecessarily suspending the writ of execution of a right that has already been previously recognized in the enforcement title, disregarding the legal nature of the execution proceedings and violating the rights of the parties, also without considering that the arbitrators do not have coercive powers and therefore could not enforce the same, so it is suggested to make an amendment to the COGEP removing this defense or granting coercive powers to the arbitral bench.

Description

En una reciente reforma realizada al artículo 373 del Código Orgánico General de Procesos se añadió como causal de oposición al mandamiento de ejecución la excepción de existencia de convenio arbitral respecto de ciertos títulos ejecutivos como el acta de mediación, el contrato de prenda, los contratos de venta con reserva de dominio, la transacción extrajudicial y aprobada judicialmente, y la hipoteca abierta o cerrada. La problemática surge al momento de determinar quien posee la competencia para resolver esta oposición, pues al encontrarnos en un proceso de ejecución, el juez ordinario es el competente para resolver dicha oposición, sin embargo al tratarse de un convenio arbitral, el juez ordinario únicamente puede limitarse a determinar si existe o no el mismo, y en caso de existir, éste deberá inhibirse y derivar el proceso a un tribunal arbitral para que este resuelva en razón del principio Kompetenz-Kompetenz. Una vez que el proceso ha sido derivado a un tribunal arbitral, éste deberá pronunciarse respecto del fondo de la controversia, suspendiendo de forma innecesaria la ejecución de un derecho que ya se encuentra previamente reconocido en el título de ejecución, inobservando la naturaleza jurídica del proceso de ejecución y vulnerando derechos de las partes, además de que los árbitros no poseen facultades coercitivas y por consiguiente no podría ejecutar los mismos, por lo que se sugiere realizar una reforma al COGEP dentro de la cual se retire dicha causal o que en su defecto otorgarle facultades coercitivas a los tribunales arbitrales.

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