ANÁLISIS COMPARADO DE LAS REFORMAS DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL Y CRIMINOLÓGICOS INTERAMERICANOS
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Abstract
In several criminal justice systems, elected or politically appointed leaders are
combined with career public servants. This organizational hybrid creates challenges
at the intersection of democratic accountability and enforcement discretion. In times
of trouble in criminal justice policy, those challenges are largely invisible: the public,
elected officials, and civil society servants often share a unity of interest, born of
like-minded political commitments that have developed over the weather. But at
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times of political transition, that is, when public preferences for criminal justice
policy are changing, the relationship between bureaucracy and democracy can be
strained. The public demand for change may or may not be in accordance with the
commitments, ideals, and culture of front-line actors in the bureaucracy. Elected
leaders are voted in with high expectations for transformative change, but it may be
hampered by institutional resistance to it. The bureaucracy, in turn, may try to alter
the political narrative that is fueling the political transition, further complicating the
democratic process. And in a system in which legislative and criminal enforcement
power is distributed among different levels of government with overlapping authority,
the complexity of the interaction between the “public” and the bureaucracy deepens.
Description
En varios sistemas de justicia penal se combinan líderes electos o designados
políticamente con servidores públicos de carrera. Este híbrido organizacional crea
desafíos en la intersección de responsabilidad democrática y discrecionalidad en la
ejecución. En momentos de dificultades en la política de justicia penal, esos desafíos
son en gran medida invisibles: el público, los funcionarios electos y la sociedad civil
los servidores, generalmente comparten una unidad de interés, nacida de
compromisos políticos afines que se han desarrollado con el tiempo. Pero en
momentos de transición política, es decir, cuando las preferencias públicas sobre la
política de justicia penal están cambiando, la relación entre la burocracia y la
democracia puede ser tensa. La demanda pública de cambio puede o no estar de
acuerdo con los compromisos, los ideales y la cultura de los actores de primera línea
de la burocracia. Los líderes electos son votados con altas expectativas de cambio
transformador, pero puede verse obstaculizado por la resistencia institucional al
mismo. La burocracia, a su vez, puede tratar de alterar la narrativa política que está
alimentando la transición política, complicando aún más el proceso democrático. Y
en un sistema en el que el poder legislativo y de ejecución penal se distribuye en
diferentes niveles de gobierno con autoridad superpuesta se profundiza la
complejidad de la interacción entre el “público” y la burocracia.
