DERECHOS DE LA NATURALEZA EN ECUADOR: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ANTE EL EXTRACTIVISMO (2020-2024)
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Abstract
This article analyzes the gap between jurisprudential sophistication and the practical effectiveness of nature's rights in Ecuador during 2020–2024. Based on the study of the Los Cedros, Sinangoe, and Yasuní cases, it identifies a recurrent pattern of selective compliance: the State fulfills the most visible aspects of rulings while systematically evading costlier institutional commitments. The structural cause of this gap is the coexistence, within the 2008 Constitution, of two incompatible models: the biocentric constitutionalism of Articles 71–74 and the extractivist model of Article 408. As long as the oil and mining sector represents approximately 20% of state revenues, structural incentives will persist to limit the effectiveness of environmental rulings. A comparative analysis with Colombia, Bolivia, and New Zealand further reveals that Ecuador lacks post-ruling monitoring mechanisms equivalent to those that have proven most effective in other jurisdictions.
Description
Este artículo analiza la brecha entre la sofisticación jurisprudencial y la efectividad práctica de los derechos de la naturaleza en Ecuador durante el período 2020-2024. A partir del estudio de las sentencias Los Cedros, Sinangoe y el mandato popular sobre el Yasuní, se identifica un patrón recurrente de cumplimiento selectivo: el Estado acata los aspectos más visibles de las sentencias, pero elude sistemáticamente los compromisos institucionales más costosos. La causa estructural de esta brecha es la coexistencia, en la Constitución de 2008, de dos modelos incompatibles: el constitucionalismo biocéntrico de los artículos 71 a 74 y el modelo extractivista del artículo 408. Mientras el sector petrolero y minero represente aproximadamente el 20% de los ingresos estatales, existirán incentivos estructurales para limitar la eficacia de las sentencias ambientales. El análisis comparado con Colombia, Bolivia y Nueva Zelanda revela además que Ecuador carece de mecanismos de seguimiento post-sentencia equivalentes a los que han demostrado mayor efectividad en otras jurisdicciones.