AUTONOMÍA EMPRESARIAL VERSUS CONTROL PÚBLICO: EFECTOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LOEP EN LA FISCALIZACIÓN ESTATAL

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This paper analyzes the 2020 reform of Article 47 of the Organic Law of Public Enterprises (LOEP) concerning state oversight of the financial management of public enterprises in Ecuador, with the aim of determining whether this legal amendment has strengthened transparency or, on the contrary, weakened institutional oversight mechanisms. Through an inductive methodology and the use of qualitative documentary review techniques, a normative, doctrinal, and contextual analysis was carried out. The results show that the reform, by authorizing public enterprises to hire private external auditors, has reduced the effective scope of control exercised by the Office of the Comptroller General of the State, creating institutional risks that undermine transparency, the impartiality of oversight, and accountability. Consequently, it is concluded that the reform has weakened state control and represents a setback in ensuring the efficient and transparent management of public resources. A review of this reform is proposed in order to reestablish the central role of the Comptroller’s Office, allowing private audits solely as a complement and in no case as a substitute for public oversight.

Description

El presente trabajo analiza la reforma del año 2020 al artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) respecto del control estatal sobre la gestión financiera de las empresas públicas en Ecuador, con el propósito de determinar si dicha modificación normativa ha fortalecido la transparencia o, por el contrario, ha debilitado los mecanismos de fiscalización institucional. Mediante una metodología inductiva y el uso de técnicas cualitativas de revisión documental, se desarrolló un análisis normativo, doctrinal y contextual. Los resultados obtenidos evidencian que la reforma, al facultar a las empresas públicas para contratar auditorías externas privadas, ha reducido el alcance efectivo del control ejercido por la Contraloría General del Estado, lo cual ha generado riesgos institucionales que comprometen la transparencia, la imparcialidad en la fiscalización y la rendición de cuentas. En consecuencia, se concluye que la reforma ha debilitado el control estatal y representa un retroceso en la garantía de un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. Se propone revisar esta reforma con el objetivo de reestablecer el rol central de la Contraloría, permitiendo auditorías privadas exclusivamente como complemento, y de ninguna forma como sustituto del control público.

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