ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN INTERNA DEL SISTEMA PENITENCIARIO A LA LUZ DEL DERECHO A LA DEFENSA.
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Abstract
This paper analyzes the constitutional, legal and conventional scope of regulatory provisions applied in Ecuadorian penitentiary centers that restrict defense attorneys’ access to persons deprived of liberty. The study recognizes the right to defense as an essential guarantee of due process, requiring free, timely, continuous and confidential communication between legal counsel and the represented person.
Within Ecuador’s National Social Rehabilitation System administered by SNAI, internal procedures aim to ensure institutional order and security; however, certain administrative measures concerning attorney access control, visiting schedules, prior authorizations and limitations on legal meetings have raised questions regarding their compatibility with constitutional and human rights standards.
The research applies a qualitative legal methodology based on normative, doctrinal and jurisprudential analysis, examining the Constitution of Ecuador, criminal legislation, the National
Description
En este trabajo se analizará el alcance constitucional, legal y convencional de las disposiciones reglamentarias aplicadas en los centros penitenciarios del Ecuador que restringen el acceso del abogado defensor a las personas privadas de libertad. Esta investigación parte del reconocimiento que reza en nuestra Constitución que reconoce el derecho a la defensa como una garantía esencial del debido proceso, cuyo ejercicio exige comunicación libre, oportuna, continua y confidencial entre el abogado defensor y su patrocinado.
En el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, mismo que se encuentra administrado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), se ha implementado procedimientos internos que buscan garantizar el orden y seguridad institucional con la creación de reglamentos que a su vez imponen sus normas en busca de la tan anhelada rehabilitación social; sin embargo, determinadas medidas administrativas relacionadas con el control de ingreso de los abogados, restricciones horarias, autorizaciones previas o especiales y las limitaciones para entrevistas jurídicas han generado cuestionamientos sobre su compatibilidad con los estándares constitucionales y de derechos humanos.
Este estudio emplea una metodología jurídica cualitativa basada en análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, examinando la Constitución de la Republica del Ecuador como la punta de la pirámide y norma suprema de nuestro país, los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además del Código Orgánico Integral Penal como norma punitiva que tipifica delitos y contravenciones, el Reglamento del Sistema Nacional de