Impacto de la Ley de Integridad Pública en la estabilidad laboral de los servidores públicos ecuatorianos
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Abstract
In June 2025, the Organic Law on Public Integrity (LOIP) was passed, repealing Article 89 of the Organic Law on Public Service (LOSEP), generating a significant legal debate that affects job security. This article provides the basis for protecting due process and the defense of job stability through administrative proceedings. Its elimination reduces this power and subjects it to semiannual evaluations, which constitutes a diminution of rights. At the beginning of this investigation, twenty-six unconstitutionality claims were filed before the Constitutional Court based on violations of the principles of progressiveness, legal certainty, prohibition of arbitrariness, and non-regression. This document analyzes, from the perspective of constitutionality and comparative law, the effects of the elimination of this article in conjunction with Articles 11.8, 76, 82, 229, and 326 of the Constitution. The investigation concludes that this elimination creates significant risks of job insecurity and weakens the principle of due process for civilian personnel in the public sector.
Description
En junio de 2025 se aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP) que deroga el artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) generando un gran debate jurídico que afecta la estabilidad laboral. Este artículo en referencia es la base para la protección del debido proceso y de la defensa de la estabilidad mediante un sumario administrativo. La eliminación deja reducida dicha potestad y sometida a unas evaluaciones semestrales lo que constituye una disminución de derechos. Al inicio de esta investigación existían veintiséis demandas de inconstitucionalidad presentadas en la Corte Constitucional fundamentadas en vulneraciones de los principios de progresividad, seguridad jurídica, prohibición de arbitrariedad y no regresividad. Este documento analiza desde un enfoque de constitucionalidad y legislación comparada los efectos de la eliminación de dicho artículo en conjunción con los artículos 11.8, 76, 82, 229 y 326 de la Constitución. La investigación concluye que esta eliminación genera grandes riesgos de precarización laboral y debilita el principio del debido proceso de personal civil en el sector público.
