LA ACCIÓN DE LESIVIDAD Y LA REVISIÓN DE OFICIO COMO HERRAMIENTAS PARA DEJAR SIN EFECTO LOS NOMBRAMIENTOS PERMANENTES OTORGADOS SIN CONCURSO DE MÉRITOS
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Abstract
The Ecuadorian Constitutional Court has established through jurisprudential rule, the application of “Lesivity Action” as a mechanism to revoke permanent appointments granted without merit-based competition; consequently, the viability of this action has been reviewed, along with its legal nature, which was impacted by the Court’s pronouncement. This research was developed with a pragmatic approach, employing documentary review techniques, including the inductive method and qualitative analysis. In this investigation, the suitability of the ex-officio review was determined, concluding that the presence of a non-validatable vice was not the only criterion to annul an administrative act. At the same time, it is necessary to employ a threshold of application based on the limits of the review corresponding to the specific case, entailing a weighing of principles such as legality and legal certainty, establishing its inoperability in the event that is verified that the Administration or the interested party did
not prioritize the prevalence of legality, and – when proposing the action – they had different goals than those protected by the ex officio review.
Description
La Corte Constitucional ha determinado, mediante regla jurisprudencial, la aplicación de la acción de lesividad como forma para revocar los nombramientos permanentes otorgados sin concurso de méritos y oposición; por lo que se revisa la viabilidad de dicha acción y cómo su naturaleza jurídica es afectada por este pronunciamiento de la Corte. El trabajo se desarrolla bajo un enfoque pragmático, empleando el método inductivo y técnicas cualitativas de revisión documental. Dentro del análisis se identifica la idoneidad de la revisión de oficio, concluyendo que la existencia de un vicio no convalidable, no es el único supuesto a considerar para anular un acto administrativo, sino que también se debe emplear un umbral de aplicación basado en los límites de la revisión que correspondan al caso concreto, realizando una ponderación de principios, tales como la legalidad y la seguridad jurídica, determinando su inoperancia en el supuesto de verificarse que la Administración o el interesado, no priorizaron la prevalencia de la legalidad, y que –al plantear la acción– tenían objetivos distintos a los tutelados por la revisión de oficio.