EL PRINCIPIO DOBLE CONFORME EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN RELACIÓN A LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y DE JUSTICIA
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Abstract
In Ecuador, a Constitutional State of Rights and Justice governs, which implies that all rights are justiciable and therefore must enjoy the necessary guarantees to be able to safeguard the rights of people in all judicial instances, this implies the need to protect the right of people to appeal when they are not satisfied with the decision of an ordinary judge. However, in the Comprehensive Organic Criminal Code there are regulations that prevent traffic violations from being appealed when dissatisfied, despite the fact that the decisions of the first level judge can fall into an unjust error and lead to pecuniary damage to the person. challenging. The impossibility of resorting to a conviction in infringement proceedings restricts the right of citizens to an effective defense. This can lead to erroneous or unfair judicial decisions being upheld, affecting confidence in the judicial system. The lack of an effective remedy for convictions can generate legal uncertainty, since citizens are not certain that their rights will be adequately protected. This can discourage participation in legal processes and foster the perception of impunity. The methodology that has been used is qualitative, since it was developed based on non-quantifiable data but rather an analysis of the regulations and jurisprudence, from the constitutional and criminal point of view, with the purpose of determining the existence of a transgression of the double principle as established in the Magna Carta due to decisions of judges on traffic matters.
Description
En Ecuador rige un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, lo que implica que todos los derechos son justiciables y por ende deben gozar de las garantías suficientes necesarias para poder salvaguardar los derechos de las personas en todas las instancias judiciales, ello implica la necesidad de precautelar el derecho de las personas de recurrir cuando ésta no se encuentra conforme con la decisión de un juez ordinario. Sin embargo, en el Código Orgánico Integral Penal rige una normativa que impide en las contravenciones de tránsito recurrir cuando se encuentre inconforme, pese a que en las decisiones el juez de primer nivel puede caer en un injusto error y derivar en un daño pecuniario a la persona impugnante. La imposibilidad de recurrir a un fallo condenatorio en procesos de contravenciones restringe el derecho de los ciudadanos a una defensa efectiva. Esto puede llevar a que se mantengan decisiones judiciales erróneas o injustas, afectando la confianza en el sistema judicial. La falta de un recurso efectivo ante fallos condenatorios puede generar inseguridad jurídica, ya que los ciudadanos no tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos adecuadamente. Esto puede desincentivar la participación en procesos legales y fomentar la percepción de impunidad. La metodología que se ha utilizado es la cualitativa, pues se elaboró bajo datos no cuantificables sino análisis de la normativa y jurisprudencia, desde el punto de vista constitucional y penal, con la finalidad de determinar la existencia de una transgresión al principio doble conforme establecido en la Carta Magna a causa de decisiones de los jueces en materia de tránsito.
