LA CAPACIDAD ECONÓMICA REAL Y EL PRINCIPIO DE PRO-PORCIONALIDAD EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS EN ECUADOR
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Abstract
Informal employment is one of the problems that affects the ability of those obligated to provide child support to adequately meet the needs of their dependents. Therefore, this study seeks to establish the relationship between the obligor's actual economic capacity and the proportionality of child support payments in Ecuador by identifying existing evidentiary limitations. Using a qualitative approach with deductive and comparative methods, numerous theoretical and regulatory documents were reviewed, revealing that the lack of effective mechanisms to investigate the assets of those obligated to provide child support violates the principle of proportionality in its determination. In short, the study concludes that the potential for applying new practices in the judicial sphere to guarantee fairness in the determination of these payments is viable within the Ecuadorian legal system, making it necessary to establish new evaluative criteria for this purpose.
Description
El empleo informal es uno de los problemas que incide en la determinación de la posibilidad de los alimentantes para satisfacer adecuadamente la satisfacción de las necesidades de los alimentarios. En función de ello, este trabajo busca establecer la relación entre la capacidad económica real del obligado y la proporcionalidad en la fijación de pensiones alimenticias en Ecuador a través de la identificación de las limitaciones probatorias existentes. A través de un enfoque cualitativo que utiliza los métodos deductivo y comparativo, se han revisado abundantes documentos de orden teórico y normativo y se identificó que la ausencia de mecanismos eficaces para investigar el patrimonio de quien viene obligado a cumplir con la prestación de alimentos contraviene el principio de proporcionalidad en su determinación. En síntesis, se precisa que las potencialidades de aplicación de nuevas prácticas en el ámbito judicial para garantizar la justicia en la determinación de dichas pensiones son viables en el ordenamiento ecuatoriano, por lo que es necesario establecer nuevos elementos valorativos al efecto.