INEXISTENCIA SANCIONATORIA POR EXCEDER PLAZOS EN INVESTIGACIÓN PREVIA: VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA.
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This academic article examines a crucial deficiency in the Ecuadorian criminal system: the absence of an effective procedural sanction when the Prosecutor's Office breaches the deadlines of prior investigation. Although the Organic Integral Criminal Code (hereinafter COIP) establishes temporary limits, its non -observance only entails a lower disciplinary sanction for the prosecutor, leaving the investigated in a state of prolonged defenselessness.
This legal omission creates a "legal limbo" that violates the presumption of innocence and due process, although the Constitutional Court has ratified the regulations regarding previous investigation and its archive, it does not guarantee the exercise of substantive justice, reducing the process to a mere bureaucratic formalism. From an analysis compared to the criminal systems of Bolivia and Peru where the parties are allowed to request judicial control on the deadlines, the study concludes that the Ecuadorian model is less guarantee. Therefore, a reform of article 586 of the COIP, is proposed to establish judicial terms control guaranteeing that the process is agile and protects the rights of victims and those investigated.
Description
vEste artículo académico examina una deficiencia crucial en el sistema penal ecuatoriano: la ausencia de una sanción procesal efectiva cuando la Fiscalía incumple los plazos de la investigación previa. A pesar de que el Código Orgánico integral Penal (en adelante COIP) establece límites temporales, su inobservancia solo conlleva una sanción disciplinaria menor para el fiscal, dejando al investigado en un estado de indefensión prolongada.
Esta omisión legal crea un "limbo jurídico" que vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, aunque la Corte Constitucional ha ratificado la normativa referente a la investigación previa y su archivo, esta no garantiza el ejercicio de una justicia sustantiva, reduciendo el proceso a un mero formalismo burocrático. A partir de un análisis comparado con los sistemas penales de Bolivia y Perú en donde se permiten a las partes solicitar control judicial sobre los plazos, el estudio concluye que el modelo ecuatoriano es menos garantista. Por ello, se propone una reforma al artículo 586 del COIP para instaurar un control de plazos judicial garantizando que el proceso sea ágil y proteja los derechos de las víctimas y de los investigados.