OLGA MARÍA MAQUILÓN DONOSO2026-06-022026-06-022025-07https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5263La Corte Constitucional del Ecuador ha reafirmado que el derecho a la integridad personal —en sus dimensiones física, psíquica, moral y sexual— goza de protección reforzada en contextos de privación de libertad. Su vulneración, mediante actos, como el uso excesivo de la fuerza, constituye una transgresión grave a normas constitucionales y de ius cogens. En el caso Lara Matamoros, se acreditó que agentes estatales incurrieron en un uso desproporcionado de la fuerza (uso de armas no letales y gases lacrimógenos en espacios hacinados), causando lesiones físicas con secuelas persistentes. La Corte evidenció también una deficiente valoración probatoria por parte de jueces de instancias inferiores, lo que afectó el derecho a la tutela judicial efectiva. Frente a ello, se determinó la responsabilidad objetiva del Estado, así como la necesidad de adoptar medidas de reparación integral (atención médica, disculpas públicas, investigaciones penales y administrativas), y medidas estructurales de no repetición, que incluyen capacitación institucional y cumplimiento de estándares constitucionales e internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y condiciones de detención. La sentencia refuerza que la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes es absoluta, inderogable y exige una respuesta estatal efectiva, tanto preventiva como reparadora.The Constitutional Court of Ecuador has reaffirmed that the right to personal integrity -in its physical, psychological, moral and sexual dimensions- enjoys reinforced protection in contexts of deprivation of liberty. Its violation, through acts such as the excessive use of force, constitutes a serious transgression of constitutional and jus cogens norms. In the Lara Matamoros case, it was proven that state agents incurred in a disproportionate use of force (use of non-lethal weapons and tear gas in overcrowded spaces), causing physical injuries with persistent sequelae. The Court also evidenced a deficient evidentiary assessment by lower level judges, which affected the right to effective judicial protection. In view of this, the Court determined the objective responsibility of the State, as well as the need to adopt comprehensive reparation measures (medical attention, public apologies, criminal and administrative investigations), and structural measures of non-repetition, including institutional training and compliance with constitutional and international standards on the legitimate use of force and conditions of detention. The sentence reinforces that the prohibition of torture and cruel, inhuman or degrading treatment is absolute, non-derogable and requires an effective state response, both preventive and restorative.esIntegridad personalMedidas de reparación y no repeticiónResponsabilidad estatalTutela judicial efectivaUso proporcional de la fuerzaANÁLISIS DEL USO DEL HÁBEAS CORPUS COMO PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CANTÓN QUEVEDOThesis