ERIKA MERINO GÓMEZCARLOS SANTANA LOZANO2026-06-012026-06-012024-12https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5215Este artículo analiza la implementación de juzgados especializados en materia constitucional en Ecuador, aprobados en la consulta popular del 24 de abril de 2024, enfatizando el principio de independencia judicial. La investigación utiliza un enfoque cualitativo, basado en análisis normativo, revisión de jurisprudencia y estudio de casos relevantes, como Camba Campos y otros vs. Ecuador y Aguinaga Aillón vs. Ecuador, para identificar desafíos estructurales y normativos. Los principales resultados muestran que, aunque la especialización judicial promete mejorar la tutela de derechos fundamentales, el Consejo de la Judicatura, encargado de implementar estos juzgados, enfrenta cuestionamientos respecto a su capacidad de garantizar independencia judicial, factores como la injerencia política, transparencia en la selección de jueces y la planificación presupuestaria son áreas críticas que deben ser atendidas. La investigación concluye que para consolidar la justicia constitucional especializada se requiere un enfoque técnico y colaborativo entre instituciones del Estado, compromiso con la protección de los jueces contra presiones externas, procesos de selección transparentes y participación ciudadana en la evaluación del sistema judicial. Estos elementos son fundamentales para evitar que se perpetúen vicios estructurales y garantizar la confianza ciudadana en el Estado de derecho.This article analyzes the implementation of specialized constitutional courts in Ecuador, approved in the 2024 referendum, with an emphasis on the principle of judicial independence. The research adopts a qualitative approach based on normative analysis, case law review, and the study of relevant cases such as Camba Campos et al. v. Ecuador and Aguinaga Aillón v. Ecuador to identify structural and normative challenges. The main findings reveal that while judicial specialization holds the promise of enhancing the 3 protection of fundamental rights, the Judiciary Council, responsible for implementing these courts, faces scrutiny regarding its ability to ensure judicial independence. Issues such as political interference, transparency in the selection of judges, and budgetary planning emerge as critical areas that need to be addressed. The research concludes that consolidating specialized constitutional justice requires a technical and collaborative approach among state institutions, along with a commitment to protecting judges from external pressures, ensuring transparent selection processes, and fostering citizen participation in evaluating the judicial system. These elements are essential to prevent the perpetuation of structural flaws and to guarantee public trust in the rule of law.esIndependencia judicialjusticia constitucionalConsejo de la Judicaturainjerencia.Independencia Judicial en Juzgados Constitucionales Especializados: Desafíos del Consejo de la JudicaturaThesis