Vilma Alexis Olvera LimonesÁngel Alexis Recalde Naranjo2026-02-272026-02-272026https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5122Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, con un aumento acelerado de homicidios, robos, extorsiones y delitos asociados al crimen organizado. En 2023 el país registró 7.878 muertes violentas, alcanzando una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia reciente. En 2024, la provincia del Guayas concentró cerca del 28% de todos los homicidios del país, con Guayaquil, Durán y Samborondón como principales zonas críticas. La situación se agrava en 2025, con reportes de continuas disputas territoriales y delitos violentos vinculados a estructuras criminales. Esta realidad ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los sistemas tradicionales de vigilancia, basados en CCTV pasivo, es decir, cámaras que únicamente graban o transmiten video, pero que no analizan contenido ni generan alertas automáticas, requiriendo que operadores humanos monitoreen constantemente las imágenes para detectar incidentes. Este modelo se complementa con monitoreo manual y acciones reactivas posteriores al delito, lo que limita la prevención y ralentiza la respuesta.La dependencia del factor humano, la limitada capacidad operativa y la ausencia de tecnologías predictivas han generado una brecha tecnológica crítica que exige soluciones inteligentes y automatizadas. En este contexto, la mayoría de comercios, urbanizaciones, cooperativas, entidades financieras e instituciones públicas del Guayas operan con sistemas de videovigilancia tradicionales que no previenen el delito, no detectan conductas riesgosas y no generan alertas en tiempo real, manteniendo altos niveles de vulnerabilidad e impacto económico.esurbanizacionescooperativasentidades financieras e instituciones públicasThesis