EMMANUEL ALBERTO MORA VALLEJOENRIQUE EFRAIN ARGUELLO2026-10-142026-10-142026-03https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5848La presente investigación examina críticamente el factor temporal del procedimiento directo previsto en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, evidenciando la colisión entre el principio de celeridad procesal y el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente en perjuicio de las víctimas. Si bien este mecanismo busca garantizar una respuesta penal rápida en casos de flagrancia, su estructura simplificada —con un plazo máximo de veinte días que, en la práctica, se reduce a diecisiete debido al anuncio previo de la prueba— limita significativamente la capacidad investigativa de la Fiscalía. Esta restricción temporal impide la obtención de prueba idónea y suficiente, afectando diligencias esenciales como peritajes técnicos, reconstrucciones de hechos y recepción de versiones, lo que compromete el derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación integral. Desde una metodología jurídico-dogmática con apoyo en el derecho comparado, se analiza si el procedimiento directo constituye una simple técnica de simplificación procesal o si, por el contrario, desnaturaliza la investigación de delitos de acción pública al priorizar la economía procesal sobre la calidad probatoria. La investigación concluye que la celeridad no puede sacrificar la efectividad del proceso penal y propone como reforma la ampliación del plazo investigativo a treinta días, en concordancia con la realidad operativa de la Fiscalía y los estándares constitucionales e internacionales de tutela judicial efectiva.This thesis critically examines the temporal framework of the direct procedure regulated in the Ecuadorian Organic Comprehensive Criminal Code (COIP), highlighting the tension between procedural speed and the right to effective judicial protection, particularly regarding victims’ rights. Although this mechanism seeks to ensure swift justice in cases of flagrancy, its simplified structure—with a maximum period of twenty days reduced in practice to seventeen due to prior evidence disclosure requirements—significantly restricts prosecutorial investigative capacity. This limited timeframe prevents the production of sufficient and reliable evidence, hindering essential investigative actions such as expert examinations and witness statements, thereby compromising victims’ rights to truth, justice, and integral reparation. Through a legal-dogmatic methodology supported by comparative law analysis, the study questions whether the direct procedure constitutes a mere procedural simplification or whether its speed undermines the proper investigation of public prosecution offenses by prioritizing procedural economy over evidentiary quality. The findings indicate that procedural speed must not compromise the effectiveness of criminal justice and propose extending the investigative period to thirty days in alignment with prosecutorial realities and constitutional and international standards of effective judicial protection.esprocedimiento directoceleridad procesaltutela judicial efectivaderecho a la verdadderechos de las víctimasEL FACTOR TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DIRECTO LIMITA LA INVESTIGACIÓN PENAL Y VULNERA DERECHOS DE VÍCTIMASThesis