LOAYZA TORO GLENDA CECILIA2026-10-142026-10-142026-03https://repositorio.uees.edu.ec/handle/123456789/5881Este trabajo consiste en un análisis jurídico de la Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo N° 273 del 31 de diciembre de 2025, la cual obliga a los concesionarios mineros en Ecuador a implementar sistemas de autoprovisión energética para el consumo propio. El contexto se sitúa en la crisis energética nacional y la Ley de Competitividad Energética, lo que ha generado que el Ejecuivo mediante una reforma reglamentaria exceda el contenido de la Ley de Mineria en materia energética, al imponer una obligacion no contemplada en la ley. La metodología comprende una descripción jurídica y el análisis de los principios de jerarquía normativa, seguridad jurídica e igualdad, este último mediante la aplicación de un test de igualdad. Los resultados muestran que la reforma desnaturaliza la facultad otorgada por el artículo 59 de la Ley de Minería al convertirla en una carga pública injustificada. La Disposición General Primera del Decreto Ejecutivo N° 273 vulnera los principios constitucionales de jerarquía normativa y seguridad jurídica, al imponer obligaciones mediante un reglamento secundario. El estudio concluye que el Estado impone una carga a los administrados, ignorando las diferencias técnicas entre regímenes reconocidos en la Ley de Minería.This research consists of a legal analysis of the First General Provision of Executive Decree No. 273, dated December 31, 2025, which requires mining concessionaires in Ecuador to implement self-supply energy systems for their own consumption. The context arises from the national energy crisis and the Energy Competitiveness Law, which has led the Executive Branch, through a regulatory reform, to exceed the scope of the Mining Law in energy matters by imposing an obligation not contemplated in the statute. The methodology comprises a legal description and an analysis of the principles of normative hierarchy, legal certainty, and equality, the latter through the application of an equality test. The results show that the reform distorts the authority granted by Article 59 of the Mining Law by transforming it into an unjustified public burden. The First General Provision of Executive Decree No. 273 violates the constitutional principles of normative hierarchy and legal certainty by imposing obligations through secondary regulations. The study concludes that the State imposes a burden on regulated parties while disregarding the technical differences among the regimes recognized in the Mining Law.esautogeneración energéticasectores estratégicosconcesionarios minerosrégimen minerojerarquía normativaseguridad jurídicaigualdadproporcionalidad.Thesis