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Título : PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN CONTRA DE DECISIONES ADOPTADAS POR UN JUEZ DE COACTIVA
Autor : Baquerizo Minuche, Jorge Orson Apolo Santos, José Gabriel
Palabras clave : garantía jurisdiccional
derechos constitucionales
acción de protección
juez de coactiva
potestad jurisdiccional.
Fecha de publicación : 19-feb-2015
Resumen : The coercive jurisdiction is a procedure exercised by the Administration to enable the collection of credits. Most public entities are statutorily granted with this authority, and in no few ocassions citizens are subject to abuse. Since 2008 Ecuador faces a new constitutional wave in defence of constitutional rights. It becomes essential to determine if any act by a court exercising coercive jurisdiction may be challenged via ordinary or extraordinary constitutional claim. A protection claim may be filed against any act or omission by a non-judicial public authority, whereas the extraordinary protection claim is allowed against a court decision violating constitutional rights. The foregoing definitions and the nature of the coercive jurisdiction predisposse us to question what jurisdictional claim fits best to challenge a decision issued by a court with coercive jurisdiction? The answer to this question, by all means entailing both a theoretical and practical concern, must take into account the attributions and the role played by courts with coercive jurisdiction. Keywords:
Descripción : La jurisdicción coactiva es un procedimiento que ejerce la Administración para el cobro de sus créditos. De esta facultad otorgada por Ley, se encuentra dotada la mayoría de las instituciones del Estado, por lo que diariamente los administrados son sometidos a la cobranza vía coactiva, en ocasiones en franca violación a sus derechos constitucionales. A raíz de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), desde el año 2008 el país vive un nuevo régimen constitucional, en el cual los derechos constitucionales son fuertemente tutelados frente a los actos de la Administración, por lo que resulta esencial determinar si contra los actos emitidos por un juez de coactiva que vulneren derechos constitucionales, cabría una acción ordinaria o extraordinaria de protección. La acción de protección procede contra todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial, mientras que la acción extraordinaria de protección procede contra toda decisión judicial que vulnere derechos constitucionales. Las referidas definiciones y la naturaleza de la jurisdicción coactiva, llevan a una interesante interrogante: ¿qué garantía jurisdiccional procedería en contra de una decisión emitida por un juez de coactiva? El objetivo de este estudio es absolver esta interrogante, para lo cual se analizará que los jueces de coactiva no son parte de la función judicial y que solo los servidores judiciales pueden ejercer la potestad jurisdiccional, el principio de independencia de las funciones del Estado, entre otros argumentos, que demuestran porque la acción de protección procede contra una decisión dictada por un juez de coactiva es procedente
URI : http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/124
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